Una plataforma única a nivel mundial para el registro, evaluación e intervención con jóvenes infractores de ley fue lo que creó un equipo de investigadores de la Universidad de La Frontera, liderados por Ricardo Pérez-Luco, doctor en Psicología, quienes llevan más de 10 años desarrollando un Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con Adolescentes, MMIDA.
El sistema tecnológico, denominado SIGID-MMIDA –y que fue probado con 92 adolescentes durante 2019 y 2020- permite diseñar, monitorear y aplicar planes de intervención personalizados y en línea, de acuerdo a las necesidades de los adolescentes que están en el sistema. Asimismo, el modelo permite diferenciar las trayectorias delictivas de los jóvenes de acuerdo a formas específicas de delincuencia.
“Los resultados obtenidos en los pilotos muestran reducción en el riesgo de reincidencia delictiva. La plataforma permite trabajar planes de intervención específicos y oportunos que van generando retroalimentación inmediata para su mejora continua y en plazos no superiores a 3 meses, asegurando que se realiza el trabajo adecuado para cada caso”, afirma Ricardo Pérez-Luco.
Este proyecto se da en línea con el propósito de la Universidad de La Frontera de contribuir desde La Araucanía con el desarrollo de conocimiento para potenciar el patrimonio natural, social y cultural de Chile.
En ese contexto, la Universidad de La Frontera firmó un contrato de licenciamiento de la plataforma con la Fundación Tierra de Esperanza, entidad que administra Programas de Libertad Asistida Especial (PLE) –licitados por SENAME- y que utilizará la plataforma con aproximadamente 300 jóvenes de Santiago, Temuco y Antofagasta.
En la ceremonia de licenciamiento, el Rector de la Universidad de La Frontera, Dr. Eduardo Hebel Weiss indicó que “SIGID MMIDA es un modelo que está pensado para ser utilizado en el ámbito de la justicia penal adolescente, e incorpora tecnología con un fin social. Son este tipo de proyectos y acciones las que necesitamos para sacar adelante a nuestros jóvenes, especialmente a aquellos que están en situación de conflicto. Ellos se merecen oportunidades, ver un mundo distinto y tener acceso a intervenciones que hagan sentido a sus vidas. Académicamente es una demostración del impacto social que se logra con la ciencia aplicada, por la vinculación entre las universidades e instituciones de la sociedad civil y en este caso, la Fundación Tierra de Esperanza, quien será la primera organización del país en acreditarse en el uso de esta plataforma”.
Por su parte, la Directora (s) del Servicio Nacional de Menores, SENAME, Fabiana Castro Bramh expresó que sistemas integrados como SIGID-MMIDA, son herramientas que favorecen de manera integral el trabajo sistemático de intervención, dada la urgencia que reviste el trabajo con las y los jóvenes de nuestro país. “Hemos llegado a un punto del avance de la investigación en donde en intervención psicosocial no es válido improvisar. Este es un desarrollo tecnológico que todos necesitamos, que además se construye en el mismo país, a partir de la experiencia de nuestros propios adolescentes involucrados en conductas delictivas. El aseguramiento de la calidad y la mejora continua se ven favorecidos con sistemas informáticos integrados, que están pensados desde el usuario, y que finalmente se traducen en una intervención ajustada a las necesidades y capacidades de los jóvenes con los cuales nos convoca trabajar”
Parte fundamental del proyecto y elemento clave, es la capacitación. Es por ello que UFRO certificó a 21 profesionales de la fundación, 7 en calidad de expertos y 14 en calidad de especialistas, convirtiéndose en la primera organización en acreditarse en el uso de esta plataforma en el país.
Para Rafael Mella Gallegos, Director Ejecutivo de Fundación Tierra de Esperanza, resulta fundamental el apoyo permanente a los programas, indicando la relevancia de trabajar con modelos basados en evidencia. “Nosotros como Fundación ahora tenemos la tarea de seguir implementando este modelo en nuestros programas y nos parece tremendamente relevante que el servicio siga apoyando la búsqueda de modelos centrados en la evidencia y en particular, en este caso, de un modelo para trabajar con adolescentes en conflicto con la justicia”.
Esta investigación se da en un contexto donde el proyecto de ley que busca la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se encuentra, desde enero de este año, en tercer trámite constitucional. En ese sentido, el proyecto de ley plantea la existencia de un solo modelo de intervención a nivel nacional, que debe ser aplicado por todas las organizaciones. “Nosotros estamos ofreciendo herramientas que están validadas científicamente, que tienen evidencia de respaldo, estamos ofreciendo también al Estado chileno, tecnología que ha demostrado que genera los resultados que el sistema busca, tecnología que no existe en ninguna parte del mundo en este momento. La sistematización de la intervención y de la producción de indicadores que hemos logrado con el SIGID MMIDA está disponible para el uso del sistema público chileno porque ha sido financiado con fondos públicos y porque es un desarrollo de una Universidad Pública con vocación de servicio”, finalizó el Dr. Pérez Luco.
Radiografía de los jóvenes infractores de ley
Uno de los estudios realizados en el marco de la elaboración del modelo, determinó una radiografía de los adolescentes infractores de ley, en el que se analiza tres formas generales de delincuencia: transitoria, compleja y persistente. En este último grupo, de jóvenes están los reincidentes; sus trayectorias delictivas se inician antes de los 13 años con delitos de baja gravedad (escasa violencia directa a las personas), pero en alto volumen y durante la adolescencia evolucionan hacia una mayor complejidad y especialización delictiva. Entre ellos los autores del MMIDA han identificado 5 formas específicas, en tres de las cuales hay compromiso de variables personales (trayectorias pasivas, desesperanzada, explosiva autodestructiva y antisocial estabilizada) y en los otros dos su actuar delictivo que depende más de variables sociales y de contexto.
El “infractor persistente” – muestra el MMIDA-, comete preferentemente delitos contra la propiedad como hurtos reiterados, robos a vehículos motorizados, un delito que cuenta con 31% de participación de adolescentes, robos con violencia (23% de participación) y robo en lugar habitado (15%), además del robo por sorpresa o lanzazo.
Para esto, el equipo estudió durante cuatro años a 571 menores de edad, incluyendo a distintos grupos: “aquellos que se encuentran en programas alternativos a las sanciones penales -por ejemplo, PSA o programas de atención ambulatoria en drogas-; a adolescentes privados de libertad y los que cumplen condena en ‘medio libre’, esto es en organizaciones especializadas como Fundación Tierra de Esperanza”, explicó Pérez-Luco.
