Como un atentado grave contra el derecho a un debido proceso y una directa persecución penal hacia la disidencia, fue catalogado por el abogado de la Defensoría Popular Nacional, Rodrigo Román, el uso de testigos con reserva de identidad utilizados bajo la Ley Antiterrorista.
Dichas declaraciones fueron efectuadas en el marco del conversatorio llevado a cabo el pasado jueves en dependencias del Núcleo de Ciencias Sociales de la UFRO.
La actividad fue organizada por el Observatorio de Medios y Movimientos Sociales (OMMS) y el Centro de Derechos Humanos de la UFRO y con el apoyo del Núcleo Tecnológico en Ciencias Sociales. Contó además con la presencia del Jefe Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Federico Aguirre, quien realizó una detalla exposición en torno a los reproches a la ley antiterrorista que existen en nuestro país, afirmando que no se adecua a los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Aguirre puso en debate la conducta terrorista, señalando que la ley que penaliza delitos de carácter terrorista es ambigua y no existe una formulación clara en torno a ese mandato penal. Según lo anterior, el Estado de Chile debería adquirir obligaciones claras, con el fin de garantizar el derecho a un debido proceso.
Respecto al uso de testigos protegidos,el Jefe del INDH de Temuco afirmó que no debiese ser posible sancionar a una persona únicamente con el uso del testigo protegido, como actualmente sucede en Chile. Por otro lado, señaló que en el derecho internacional se tolera esta figura en complemento a otros requisitos, por ende queda en cuestionamiento si esta ley entrega o no las garantías para un juicio realmente justo.
Cabe mencionar que la ley antiterrorista fue formulada el año 1984 bajo la dictadura militar, y tuvo una reformulación el año 2010 luego de una intensa huelga de hambre llevada a cabo por comuneros mapuches en la cárcel de Temuco, a quienes se le había aplicado dicha ley. En 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por la aplicación de la ley contra comuneros mapuches, señalando en el fallo, que se debían adecuar aspectos procesales como el uso de testigos protegidos y las extensas prisiones preventivas.
Contingencia regional
El conversatorio se llevó a cabo al día siguiente de la detención de once comuneros mapuches, quienes son acusados por el Ministerio Público por delito de incendio con resultado de muerte con carácter terrorista, los cuales quedaron en prisión preventiva, hechos que fueron mencionados durante el conversatorio.
“Esto se da en un contexto muy especial porque se está invocando la ley antiterrorista en la región, con una detención masiva de comuneros mapuche y de la Machi Francisca, por lo tanto, creo que tiene plena validez un debate en torno a estas temáticas y en un territorio como el nuestro”,puntualizó Aguirre.
En tanto, Román hizo un fuerte cuestionamiento a la investigación, la cual estaría basada en el testimonio de un testigo, que según antecedentes recabados por abogados defensores regionales, el testigo imputado es una persona analfabeta, lo que hace imposible que haya podido declarar y posteriormente firmar un documento. “Todo hace indicar que estamos frente a esta figura del testigo, lo que anteriormente ha sido un testigo protegido, pero que en definitiva ha sido un testigo inducido por la policía. Lo que es más grave aún es que ha tocado a una de las autoridades ancestrales, la machi Francisca, por lo que se ve como un atentado mayor y viene a tensionar aún más la situación en La Araucanía, porque hay una falta de respecto a la cultural y al pueblo mapuche, que al día de hoy al Estado parece no importarle”, declaró.
Escrito por: Nicole Ibañez